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El colectivo vuelve a la calle para exigir pensiones dignas, refuerzo de la sanidad pública y la mejora de los cuidados
DURANGO | El Movimiento de Pensionistas de Durango retomará sus movilizaciones semanales este lunes, 7 de septiembre, tras el paréntesis del verano. El colectivo arranca este nuevo curso de protestas manteniendo intactas sus reivindicaciones históricas tras más de ocho años de movilización continuada en defensa del sistema público de pensiones, la sanidad y la atención a la dependencia.
Desde la organización advierten de que el contexto económico global y el incremento de la inflación están agravando la precariedad de muchas familias. En este sentido, señalan que el IPC interanual registrado en julio (del 3,6 % en general y del 3,7 % en Bizkaia) se sitúa por encima de la revalorización aplicada a las pensiones en 2026 (2,7 %), lo que supondrá una pérdida directa del poder adquisitivo del 0,9 % si la tendencia se mantiene.
Deterioro de los servicios públicos
El colectivo hace especial hincapié en la situación de vulnerabilidad que atraviesan las personas que perciben prestaciones mínimas —en su mayoría mujeres— y califica de «injustificable» la postura del Ejecutivo autonómico de no complementar las pensiones mínimas hasta equipararlas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pese al respaldo popular recibido a través de la Iniciativa Legislativa Popular.
Asimismo, denuncian el deterioro progresivo de Osakidetza y la creciente privatización de los servicios de atención a la dependencia y cuidados a mayores:
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Pérdida de capacidad adquisitiva: El coste creciente de la cesta de la compra absorbe los incrementos de las pensiones y salarios.
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Sanidad pública golpeada: Alertan del impacto negativo que la saturación del sistema sanitario está teniendo sobre la ciudadanía.
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Privatización de cuidados: Critican que prime el beneficio de las gestoras privadas sobre la calidad de la atención a las personas dependientes.
Ante este panorama, desde Durango apelan a mantener la presión social en la calle para evitar el retroceso en los derechos conseguidos y garantizar un sistema público universal y de calidad.
