El Ayuntamiento afirma que actuó conforme a derecho y que el Ministerio Fiscal no apreció vulneración de derechos fundamentales
IURRETA – La gestión de las políticas de igualdad en el ámbito municipal de Iurreta ha saltado al centro de la polémica. El sindicato LAB ha hecho pública una denuncia contra el Ayuntamiento tras lo que consideran un «grave atropello» a los derechos laborales y de conciliación: la negativa de la administración local a formalizar un contrato con un trabajador por el hecho de estar disfrutando de su permiso de nacimiento. Mientras que el Ayuntamiento responde que «el Ayuntamiento de Iurreta ha cumplido la legalidad vigente y ha velado y velará por los derechos de todos los trabajadores». Una cuestión que EH Bildu llevó al último pleno municipal.
Según detalla la central sindical, el trabajador afectado se encontraba en la bolsa de empleo municipal y, tras la renuncia de las personas que le precedían, le correspondía por derecho adjudicarse una vacante. Sin embargo, a pesar de cumplir con todos los requisitos para el puesto, el Ayuntamiento habría «bloqueado» su contratación aludiendo a una supuesta «urgencia» que, a juicio de la administración, era incompatible con el periodo de permiso del empleado.
Para LAB, esta decisión es «muy significativa» y «preocupante», especialmente al tratarse de una administración pública que debería ejercer como garante de los derechos de cuidado. El sindicato interpreta este movimiento como un «aviso a navegantes» con un doble mensaje negativo: «Para la sociedad, que si estás ejerciendo tareas de cuidado, pierdes tu espacio en el mercado laboral y para los hombres, que en el conflicto entre producción y cuidado, la balanza institucional siempre se inclinará a favor de la primera».
Respuesta
El Ayuntamiento de Iurreta ha respondido señalando que ha cumplido la legalidad vigente y ha velado y velará por los derechos de todos los trabajadores; «no solo de quien ha recurrido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, sino también de otros trabajadores que pudieran tener legítimas expectativas al estar incluidos en las bolsas de trabajo», explican. El Ministerio Fiscal, que ha intervenido en garantía de la protección de los derechos fundamentales que se decían vulnerados, ha considerado, según fuentes municipales, que la razón asistía al Ayuntamiento. También, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, «que es imparcial y especializado», ha dado una sentencia que rechaza el recurso presentado y confirma que la actividad administrativa en cuestión es legal, añaden desde el Ayuntamiento. «Esto indica que la posición del municipio estaba bien fundamentada», puntualizan. Se ha interpuesto recurso de apelación contra la referida sentencia y habrá de estarse a lo que decida la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuya resolución, asegura el Ayuntamiento, «se acatará en todo caso».
