La dirección del centro asegura que la residencia «cumple estrictamente con todos los ratios de atención exigidos por la Diputación de Bizkaia»

DURANGO | Virginia Merino Beitia, familiar de una persona residente durante dos años en el centro Tabira Berri de Durango, denunciaba públicamente este lunes en las Juntas Generales de Bizkaia y ante las autoridades judiciales la situación de precariedad y las graves deficiencias que atraviesan las personas usuarias de esta residencia. El testimonio, que describe una situación de «pesadilla», se centra en la falta de personal, higiene y alimentación, el mantenimiento deficiente y la desatención institucional por parte de la Diputación Foral de Bizkaia.

El hecho más grave relatado se refiere a la caída sufrida por su madre el 24 de mayo de 2024. La residente, calificada con gran dependencia de tercer grado, se precipitó desde una silla que no disponía de apoyabrazos, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico y roturas en la mandíbula y el hueso occipital. Merino Beitia ha interpuesto una denuncia por negligencia tras visualizar las grabaciones de seguridad del centro, las cuales, según afirma, contradicen la versión oficial, que atribuyó el accidente a un tropiezo con butacones.

La denunciante señala que el centro no cumple con los estándares mínimos de calidad. Entre las irregularidades mencionadas destacan “ratios de personal insuficientes” -una sola trabajadora para atender a diez personas grandes dependientes-, falta de higiene, mobiliario inadecuado y fallos en el funcionamiento de las grúas de traslado. Asimismo, relata brotes recurrentes de sarna (escabiosis) que no fueron comunicados debidamente y una alimentación insuficiente y de mala calidad.

Respecto a la labor de la Diputación de Bizkaia, la familiar critica la falta de inspecciones efectivas. Asegura que el centro recibe avisos previos a las visitas de control, lo que le permite reforzar temporalmente el personal para aparentar que las ratios se cumplen. Además, denuncia que las respuestas de la administración foral a sus quejas han sido automáticas y, en ocasiones, han incluido datos erróneos de otros usuarios y usuarias fallecidos.

Finalmente, la familiar solicita a los grupos políticos y a las instituciones competentes una intervención inmediata y una investigación exhaustiva sobre la gestión de la residencia, que está en manos de una persona que gestiona otros pisos comunitarios y residencias y que lanza “amenazas” a trabajadoras y residentes, para garantizar la integridad y el bienestar de las personas mayores dependientes.

Petición «urgente»

Desde los grupos junteros de la oposición, han planteado distintas iniciativas parlamentarias, entre ellas la petición de una comparecencia “urgente” de la diputada de Acción Social, para que aclare la situación y se establezcan las medidas correctoras correspondientes. Los dos grupos junteros que apoyan al Gobierno foral han lamentado profundamente la situación vivida por la compareciente y se han comprometido a transmitir la situación al departamento que dirige Amaia Antxustegi.

Respuesta del centro

Ante esas acusaciones, la residencia Tabira Berri ha defendido la «profesionalidad» de su equipo y ha aclarado las circunstancias del incidente ocurrido en 2024. Tras lamentar «profundamente el accidente» sufrido por la usuaria, el centro explica en una nota remitida a DOT que esa persona recibió «una atención inmediata» y tanto la residencia como la trabajadora implicada «participaron activamente en los cuidados posteriores y en el proceso de rehabilitación de la afectada».

La dirección de Tabira Berri puntualiza que el incidente «ha seguido el curso legal ordinario iniciado hace ya más de un año, no habiendo ningún tipo de responsabilidad penal» y que la residencia «cumple estrictamente con todos los ratios de atención exigidos por la Diputación Foral de Bizkaia». También destaca que la valoración forense de las heridas causadas por el accidente ha sido catalogada como «leve».

Asimismo, el centro denuncia la «situación de extrema tensión» que han vivido en los meses posteriores al accidente, «provocada por la conducta de la hija de la residente afectada». «Se han registrado visitas constantes fuera del horario establecido, vejaciones a los empleados, gritos, golpes al mobiliario y un seguimiento constante a la plantilla», dice la nota.

Como consecuencia de este «acoso continuado», varias trabajadoras han interpuesto denuncias formales contra la familiar «por el grave perjuicio psicológico causado y la campaña de desprestigio personal a la que han sido sometidos».