Critican la decisión del PNV y animan a la ciudadanía a reclamar en la oficina del consumidor

DURANGO | EH Bildu ha dado a conocer este lunes que el equipo de gobierno del PNV en Durango ha decidido no aplicar los precios públicos actualmente en vigor en las instalaciones deportivas municipales, escudándose en una futura modificación de las tarifas que, «no llegaría hasta el segundo trimestre del año». Esta decisión, además de injusta para las personas usuarias, resulta muy dudosa desde el punto de vista jurídico, señalan desde la coalición.

Los precios públicos aprobados y actualmente vigentes contemplan expresamente la existencia de bonos anuales —de piscina, familiares, individuales, de fitness y otras modalidades—. «No aplicarlos supone actuar en contra de lo aprobado formalmente por el propio Ayuntamiento y de una normativa que sigue plenamente en vigor. No se pueden suspender de facto unas tarifas sin modificarlas conforme a los procedimientos legales establecidos», critican.

Mientras no se aprueben nuevos precios públicos, según EH Bildu, el Ayuntamiento está obligado a aplicar los existentes. Sin embargo, el PNV ha optado por impedir la contratación de los bonos anuales y obligar a las personas usuarias a adquirir bonos trimestrales, sensiblemente más caros, «lo que supone un perjuicio económico directo para la ciudadanía y una gestión arbitraria de un servicio público».

«Falta de planificación»

Desde EH Bildu denuncian que esta forma de proceder «no solo evidencia una grave falta de planificación, sino que podría vulnerar principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los acuerdos adoptados por la propia institución».

Una vez más, destacan desde la coalición, las consecuencias de la «mala gestión» recaen sobre los vecinos de Durango, que «ven limitado su acceso al deporte público y se ven obligados a pagar más por el mismo servicio, sin una justificación legal ni administrativa sólida».

Por todo ello, EH Bildu anima a la ciudadanía a presentar reclamaciones formales en la oficina del consumidor (Askatasun Etorbidea 2) o ante Durango Kirolak para «denunciar esta situación y a no normalizar este tipo de atropellos». Defender los servicios públicos pasa también por exigir que se gestionen con legalidad, transparencia y pensando en las personas, no en la comodidad del equipo de gobierno.