La familia de Marilu, de 67 años con síndrome de Down, califica de «discriminación por edad» que se le retire la plaza 

AMOREBIETA-ETXANO | La familia de María Luisa Uria Martitegui, conocida cariñosamente como Marilu, ha iniciado una batalla legal y pública contra el departamento de Acción Social de la Diputación de Bizkaia, que de momento no se ha pronunciado ante estos hechos. Denuncian lo que consideran un acto de «inacción y abandono» después de que la Administración haya extinguido su derecho a la plaza que ocupaba desde hace más de dos décadas en el Centro de Día Nafarroa de Amorebieta, un espacio específico para personas con discapacidad.

Marilu, que tiene 67 años y padece síndrome de Down con un grado III de gran dependencia, ha desarrollado toda su vida social y afectiva en el centro Nafarroa. Sin embargo, la Diputación basa su expulsión en un criterio puramente administrativo: al haber superado los 65 años, la institución considera que debe ser trasladada a un centro para personas mayores de régimen general. «Para Marilu, el Centro de Día Nafarroa no ha sido solo un recurso asistencial. Ha sido su entorno vital: el lugar donde ha construido su rutina, sus vínculos afectivos, su estabilidad emocional y su desarrollo personal. Su derecho a esta plaza fue reconocido de manera definitiva por la propia Diputación en 2002 y consolidado en 2019 dentro de su Programa Individual de Atención aprobado por Orden Foral que lo identificaba como el recurso más adecuado para sus necesidades», explica su familia.

La familia y los profesionales que la atienden desde hace 25 años advierten que esta decisión ignora las necesidades específicas de Marilu. El equipo multidisciplinar del centro ha emitido informes alertando de que un cambio de entorno provocaría un «grave deterioro emocional y psicológico» en ella, rompiendo con sus rutinas y vínculos vitales.

«Opacidad»

La cronología de los hechos presentada por la familia muestra una respuesta administrativa inflexible:

• 20 de enero: Se notifica el inicio del trámite para extinguir la plaza.

• 19 de febrero: La Diputación dicta la Orden Foral que oficializa la salida de Marilu, desoyendo las alegaciones técnicas presentadas.

• 2 de marzo: Se deniegan las medidas cautelares para que Marilu permaneciera en el centro mientras se resolvía el caso.

• Situación actual: El recurso de reposición presentado el 23 de marzo sigue sin respuesta, y la Administración alega una «carga de trabajo» que podría demorar la resolución hasta un año.

«Impotentes»

«Nos sentimos impotentes y totalmente abandonados por las instituciones», explica la familia, que cuenta con la representación letrada de Elena Hernández Pérez. Critican que el sistema no sitúe a la persona en el centro de las decisiones y que se apliquen normativas rígidas por encima de la ética y la calidad de vida.

Para la familia, no se trata solo de un traslado de centro, sino de la defensa de la dignidad de Marilu. Aunque confían en que la justicia acabe dándoles la razón, temen que, para cuando llegue la sentencia, el daño emocional causado por el desarraigo de su entorno habitual sea ya irreversible.