Las obras empezarán con el vaciado del interior y la retirada de las placas de fibrocemento y posteriormente se llevará a cabo el derribo del edificio planta por planta
DURANGO | La propiedad del edificio ‘Uribarri 23’ ha comenzado con los trabajos para la inmediata demolición del inmueble, tal y como se comprometieron con el Ayuntamiento de Durango mediante la firma de un convenio en 2021 en el que asumen sufragar los gastos del derribo del inmueble, declarado ilegal en 1.970.
Para comenzar los trabajos, la propiedad ya cuenta con la licencia de obra municipal Así mismo se han tramitado los permisos necesarios de la Agencia Vasca del Agua (URA), la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y la autoridad laboral del Gobierno vasco para la gestión de las placas de fibrocemento que dan para la parte posterior del edificio.
Precisamente, los trabajos para la demolición del edificio comenzarán con el vaciado del interior del inmueble, a lo que le seguirá la retirada de las placas de fibrocemento, tras lo cual se iniciarán los trabajos para el derribo de las distintas plantas con las que cuenta el inmueble. El tiempo estimado de duración de los trabajos es de dos meses.
“Con estos trabajos comienza el final de un largo trayecto para ver colmados los deseos y necesidades de las y los vecinos de los alrededores. Después de tantos años, hemos buscado una solución que preserva el patrimonio y el interés de toda la ciudadanía duranguesa, y esperamos ver este edificio caer después de tantos años. Hace tres meses cayeron las ruinas de Fundifes, a la entrada de Izurtza, y ahora caerá ‘Uribarri 23’”, han explicado la alcaldesa Ima Garrastatxu y el teniente de alcalde Julián Ríos.
El edificio, construido hace 58 años, se ha mantenido en pie aunque una sentencia de 1.970 lo declarara ilegal. Ubicado en la intersección entre la calle Uribarri y la calle Montevideo, ha tenido varias funciones en las últimas décadas, como una notaría, registro, gaztetxe o una tienda de electrodomésticos.
Fuentes municipales explican que «en la legislatura pasada, el equipo de gobierno formado por el PNV y PSE y la Agencia Vasca del Agua, URA, alcanzaron un acuerdo por el que eximían a las y los propietarios de cualquier gasto en el derribo del edificio. En total, acordaban una inversión de 850.000 euros a costear entre URA y el Ayuntamiento de Durango (425.000 euros cada institución) para el derribo del edificio y del puente y la construcción de un nuevo puente». De todas formas, este convenio fue declarado “nulo de pleno derecho” en febrero de 2022 por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ante la demanda realizada por Herriaren Eskubidea en 2018. Tras dicha sentencia, el equipo de gobierno actual (EH Bildu y Herriaren Eskubidea) alcanzó un acuerdo con y los propietarios por el que los segundos aceptan costear el derribo del edificio. “Después de tantos años de lucha por el interés general de las y los durangueses y especialmente de las y los vecinos de la zona, podemos decir que este edificio ilegal pasará a ser historia dentro de poco. Con este derribo damos una solución a las demandas de las y los vecinos de la zona”, han explicado Garrastatxu y Ríos.
Me cuesta creer lo que dice el artículo respecto de que el PNV y PSE, acordarán eximir a los «PROPIETARIOS DEL INMUEBLE» de los costes del derribo, ya que estos no podían ser costeados por los Ciudadanos, pues la Construcción de dicho Edificio, fue una demostración del poder en aquel tiempo de D. ALEJANDRO AMILIBIA y de su prepotencia en la Villa de Durango. Sus herederos entre los que se encuentra ENRIQUE ARANDA AMILIBIA, primr heredero, deben de costear decho derribo.
¿no te gustaría conocer el acuerdo completo?. o acaso crees que, ahora, los propietarios lo van a tirar sin nada a cambio?.
Los propietarios no tienen derecho a exigir nada, ya que para la construcción del Edificio no se pagó nada por el terreno, este, pertenecía a Hidrográfica del Cantábrico Norte, que no hubiese dado permiso para su construcción, por ser ilegal ninguna edificación encima de un río. Fue una CHULERIA de Alejandro Amilibia, quizá mal aconsejado, pero con mucha prepotencia. Los herederos de su fortjuna, deben de correr con los gastos de demolición.