Acusado de un delito de insolvencia punible de la empresa Felipe Amezua
BERRIZ.- La Audiencia de Bizkaia ha condenado a un empresario y a sus dos hijos a un total de cinco años de prisión y una indemnización de unos ocho millones de euros por un delito de insolvencia punible de una empresa de Berriz, que desde 1976 se dedicaba a la matanza de reses y compraventa de productos cárnicos.
La sentencia de la sección sexta de la Audiencia vizcaína hecha pública ayer recoge también la suspensión de la ejecución de la pena durante cinco años y un año respectivamente para cada uno de los dos hijos, con la condición de que no vuelvan a cometer delito, pero no se suspende de la pena del padre de ambos porque acumula hasta cinco sentencias condenatorias previas.
La resolución expone que en 1976 se creó la empresa Felipe Amezua (FAMESA) en el municipio vizcaíno de Berriz para la explotación de mataderos frigoríficos, adquisición de ganado, matanza de reses y compraventa de subproductos cárnicos.
La mercantil logró gran éxito empresarial hasta que en 2006 pasó a ser una empresa participada del Grupo Amezua junto a otras dos empresas (Industrias Cárnicas Zuia y Matadero de Berriz), momento en que comenzó a ser gestionada por José María A. y sus dos hijos.
«Desde que comenzaron a gestionar la empresa FAMESA, los acusados, actuando de común acuerdo», comenzaron una espiral de operaciones tendentes a disminuir el activo y aumentar el pasivo de la sociedad, provocando con ello el cese definitivo de la actividad en verano de 2007 y la declaración de concurso» de acreedores, relata la sentencia.
En todas esas operaciones, que enumera el tribunal, los tres condenados actuaron siendo «sabedores de que la situación de la empresa no se sostendría».
Por ello, ha considerado demostrado que los acusados desarrollaron una «dinámica para despatrimonializar FAMESA» y ha condenado al empresario y a uno de los hijos a dos años de prisión, a una multa de 8 meses a razón de 8 euros al día, así como a indemnizar conjunta y solidariamente a la empresa con 6.800.000 euros, al considerarles autores del delito de insolvencia punible.
Al otro hijo, el tribunal le ha considerado cómplice del delito y le ha impuesto una pena un año de cárcel, una multa de cuatro meses con una cuota diaria de 8 euros y una indemnización de 1.300.000 euros.
