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El equipo de gobierno defiende el rigor técnico y económico del proyecto fiscal para 2027 ante las críticas de la formación abertzale
ERMUA | El Gobierno municipal de Ermua ha salido al paso de las declaraciones emitidas por EH Bildu respecto a la negociación de las Ordenanzas Fiscales de 2027. Desde el equipo de gobierno señalan que el desacuerdo político no debe confundirse con una falta de voluntad de diálogo, subrayando que las 23 enmiendas presentadas por la oposición fueron analizadas y respondidas con argumentos concretos.
«Si el Gobierno acepta sus propuestas, para EH Bildu existe diálogo; si las analiza, responde y discrepa, entonces denuncian falta de voluntad. Es una interpretación cómoda, pero no convierte el desacuerdo en ausencia de debate», replican desde el ejecutivo local.
«Severas dificultades»
El equipo de gobierno argumenta que algunas de las enmiendas planteadas por la coalición abertzale presentaban severas dificultades económicas o jurídicas, señalando que la propia formación opositora reconoció en el Pleno haber empleado normativa de otros territorios históricos para elaborar parte de sus borradores. «El Ayuntamiento no puede aprobar una modificación fiscal confiando en que su encaje legal se resolverá a posteriori», sostienen.
En el plano presupuestario, el Gobierno califica de «insuficientes» las alternativas económicas presentadas por la oposición:
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Previsión de ingresos: La actualización de las tasas aportará unos 70.000 euros adicionales.
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Incremento de gastos: La subida de costes en contratos de servicios y personal ronda los 990.000 euros.
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Equilibrio financiero: El ejecutivo matiza que defender una congelación del IBI apelando al aumento de Udalkutxa resulta incompleto si no se analizan simultáneamente los gastos obligatorios que deben financiarse.
Incentivos sociales
El Gobierno municipal recuerda que el proyecto aprobado para 2027 contempla avances significativos en materia social y medioambiental, entre los que destacan:
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Nuevas bonificaciones en el IBI.
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Medidas con criterio social en el área de Cultura.
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Mejoras en las bonificaciones de las actividades deportivas.
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Mantenimiento de incentivos vinculados a la vivienda y a la transición energética.
«El diálogo exige escuchar y responder, no dar siempre la razón. La responsabilidad de un Gobierno municipal no termina cuando acaba el debate: continúa al día siguiente, cuando hay que aplicar las ordenanzas, mantener los servicios públicos y asumir sus costes», concluye la nota gubernamental.
