La afectada es una mujer con dos hijos residente en el piso de alquiler social desde 2009

ELORRIO – Momento de máxima tensión y posterior alivio el que se ha vivido esta mañana de martes, 9 de junio, en Elorrio. La movilización ciudadana y la mediación de Durangaldeko Etxebizitza Sindikatua han logrado aplazar el desahucio previsto por Alokabide contra una vecina de la localidad y sus dos hijos, quienes residen en una vivienda de protección oficial desde hace 15 años.

La ejecución judicial estaba programada para las 10:15 horas. Sin embargo, la respuesta colectiva comenzó a fraguarse a las 09:30 de la mañana, momento en el que cerca de cien personas se congregaron a las puertas del inmueble en señal de solidaridad. A las 10:00 horas, con la llegada de la comitiva judicial y los cerrajeros, miembros del sindicato iniciaban una negociación que, finalmente, se ha saldado con la suspensión temporal del lanzamiento, que queda ahora a la espera de una nueva fecha.

La afectada es una mujer que cuenta con informes de vulnerabilidad favorables y que se encuentra en una situación de especial fragilidad. Tras encadenar varios meses sin poder afrontar el pago del alquiler social debido a sus circunstancias económicas, la sociedad pública del Gobierno Vasco, Alokabide, inició el procedimiento de expulsión.

Según denuncia el Sindicato de Vivienda, la afectada intentó en repetidas ocasiones durante los últimos meses pactar una fórmula de pago con Alokabide para abonar la deuda acumulada, llegando a la víspera de la ejecución sin obtener respuesta. Además, las instituciones públicas implicadas habrían trasladado a la afectada la inexistencia de una alternativa habitacional disponible para ella y sus hijos. «Es un sinsentido expulsar de una vivienda protegida a una familia vulnerable que precisamente debería ser destinataria de la protección del sistema», denuncian desde el sindicato.

Desde el colectivo vecinal señalan que este caso vuelve a poner en tela de juicio las declaraciones del Consejero de Vivienda, quien ha afirmado públicamente en diversas ocasiones que la sociedad pública no ejecuta desahucios. El sindicato recuerda que a este caso se suman otras dos denuncias recientes en Gasteiz, enmarcadas en una tendencia donde las demandas de Alokabide «se han más que duplicado en los últimos dos años».

A pesar de que la suspensión de este martes supone un balón de oxígeno para esta familia de Elorrio, que ha celebrado el aplazamiento entre aplausos de los congregados, la amenaza del desalojo sigue vigente en el juzgado. Los colectivos sociales insisten en que la movilización de hoy demuestra la eficacia de la organización solidaria, pero urgen a las instituciones a buscar una solución habitacional estable y garantista a corto plazo.