La sucursal permanece clausurada desde el 1 de junio por falta de personal y con la sospecha de que «no vuelva a abrir»
DURANGO | La ventanilla de la Seguridad Social en Durango, en la oficina situada en Francisco Ibarra junto a la parada del autobus en Madalena, sigue bajada, y el temor a que no vuelva a abrir se extiende entre los agentes sociales y la ciudadanía, ya que no es la primera vez que se encuentra en esta situación. El sindicato ELA ha alzado la voz este viernes durante una concentración de protesta para denunciar que la oficina local permanece completamente cerrada desde el pasado 1 de junio debido a una acuciante falta de personal, una situación límite que, según advierten, amenaza con convertirse en un desmantelamiento definitivo de este servicio público fundamental en la comarca.
La central sindical atribuye este cierre al progresivo vaciamiento de la plantilla que sufre la Seguridad Social desde hace años. Una sangría de trabajadores agravada por las jubilaciones masivas y la sistemática falta de cobertura de las vacantes. Para ELA, las tímidas medidas adoptadas hasta la fecha por la Administración del Estado han resultado «insuficientes» para frenar el deterioro y garantizar una atención ciudadana de calidad.
Más allá de la falta de previsión en las jubilaciones, el sindicato pone el foco en un problema estructural: las condiciones laborales de la administración estatal no se corresponden con la realidad socioeconómica del País Vasco, donde el coste de la vida es notablemente más elevado que en la media de las comunidades españolas. Esta brecha dificulta la atracción y consolidación de empleados públicos en el territorio.
Exigen medidas
Por este motivo, mientras se materializa la reclamada transferencia de la gestión de la Seguridad Social a las instituciones vascas, ELA exige medidas de contingencia inmediatas. En concreto, reclama que se aplique un estricto criterio de territorialidad tanto en las ofertas de empleo público (OPE) como en el diseño de las pruebas selectivas, vinculando de forma directa las plazas a la comunidad autónoma para garantizar que se cubran y se mantengan activas.
El cierre de la delegación de Durango no es un mero trámite burocrático; tiene un impacto directo en el día a día de miles de personas de Durangaldea. Obligar a los trabajadores, pensionistas y a la ciudadanía en general a desplazarse a otras localidades más lejanas para realizar cualquier gestión supone, a juicio de la central, un grave «retroceso en sus derechos» y una merma intolerable en la calidad del estado del bienestar.
Con esta movilización, el sindicato intensifica la presión sobre el Ejecutivo central para que revierta de forma urgente el bloqueo de la oficina de Durango y abra una vía de diálogo que estabilice los servicios de proximidad.
