La resolución judicial respalda así las tesis mantenidas por las defensas, quienes durante el juicio afirmaron que «las singulares circunstancias en las que se ocupó la droga, se depositó, manipuló y custodió en dependencias policiales» y posteriormente se remitió para su análisis al laboratorio hacían «dudar de la integridad de la cadena de custodia».

Las defensas sostuvieron también que sus clientes actuaron «en la firme creencia de la licitud de la actividad de cultivo colectivo y consumo compartido de marihuana» que desarrollaban, pues «en ningún momento ocultaron las verdaderas finalidades» de su asociación, «realizaron los trámites» requeridos administrativamente para registrarla legalmente y «cumplieron las obligaciones tributarias derivadas de su actividad, sin que llegaran a recibir ninguna comunicación que les hubiera hecho sospechar lo contrario».

En su resolución, la Audiencia de Bizkaia da ahora por válidos estos argumentos, al entender que los procesados incurrieron en un «error de prohibición invencible», pues actuaron «en la errónea creencia de obrar amparados por la norma» tras haber adoptado «cuantas medidas estaban a su alcance para evitar dicho error».

Explica, en este sentido, que el club «facilitó a la Ertzaintza de Gernika documentación conteniendo el acta de constitución, sus estatutos y la inscripción en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco».

«Una documentación -añade el documento judicial- que la Jefatura de Unidad de la comisaría trasladó a su vez a la alcaldesa del Ayuntamiento de Mungia para su conocimiento, sin que conste que se iniciara actuación policial o administrativa derivado de ello».

De esta manera, los socios pensaron que actuaban de una manera lícita, dado que su asociación «había sido autorizada por el organismo pertinente» y ellos no ocultaron «que entre las finalidades» del colectivo «se encontraban el cultivo y consumo colectivo de cannabis».

Asimismo, pusieron «en conocimiento de las autoridades policiales y administrativas locales sus instalaciones y actividades en Durango y Mungia» y «adoptaron medidas para que se cumplieran las normas asociativas» con el fin de «excluir posibles riesgos de difusión de la droga» a terceras personas.

En cuanto a la sustancia intervenida, la resolución judicial señala que su depósito en la subcomisaría de Mungia «durante un período tan prolongado de tiempo como siete meses, sin poner en conocimiento de su existencia al Juzgado de Instrucción competente», así como su despalillado y secado «en circunstancias desconocidas» «exceden de lo que podrían considerarse meras irregularidades cometidas por los responsables del proceso de custodia».

Una circunstancia que «supone un sustento racional y suficiente para dudar de que se tratara de la mima sustancia remitida a Sanidad en mayo de 2013».

Por estos motivos, la sentencia absuelve ahora «con todos los pronunciamientos favorables» a los cuatro miembros del club de cannabis de los delitos contra la salud pública y de asociación ilícita de los que estaban acusados.