El ente foral responde a las críticas de la familia alegando criterios técnicos y de optimización de recursos, subrayando que la atención se seguirá prestando en el mismo edificio del Centro Nafarroa

AMOREBIETA-ETXANO | Tras la denuncia pública realizada este lunes por la familia de María Luisa Uria Martitegui, conocida como Marilu, sobre su salida forzosa del centro de día para personas con discapacidad en Amorebieta-Etxano, la Diputación Foral de Bizkaia ha salido al paso para defender la medida. La institución, en una respuesta enviada a DOT, asegura que la decisión no responde a una discriminación por edad, sino a un compromiso por garantizar la atención más ajustada a las necesidades reales y actuales de la usuaria.

Frente a la acusación de la familia, que califica de «edadismo» el hecho de obligar a Marilu (de 67 años y con síndrome de Down) a abandonar un recurso que utilizaba desde hace más de 20 años , la Diputación sostiene que el cambio a un centro de día para personas en situación de dependencia es la vía «más preventiva y segura».

Según fuentes forales, tanto los informes de profesionales de la institución como la propia gerencia del centro recomiendan este tránsito. Argumentan que, dada su situación de gran dependencia (grado III), este nuevo recurso garantiza una atención más profesional y continua en su etapa vital actual.

Sin traslado físico

Uno de los puntos clave en la respuesta de la Diputación es la aclaración de que este cambio no implica un desplazamiento físico para Marilu. La institución recalca que ambos servicios —el de discapacidad y el de personas mayores dependientes— se prestan en el mismo Centro Nafarroa y son gestionados por la misma entidad.

De este modo, la Administración intenta mitigar la preocupación familiar sobre la ruptura de los vínculos afectivos y rutinas de Marilu, afirmando que se busca precisamente una atención «centrada en la persona» sin abandonar el entorno que ya conoce.

Más allá del caso individual, la Diputación ha puesto sobre la mesa la necesidad de gestionar de forma equitativa los recursos públicos. Los centros para personas con discapacidad están diseñados para perfiles específicos a partir de los 18 años.

La institución ha admitido que existe una falta de alternativas que obliga a personas jóvenes a permanecer en lista de espera. Por ello, defienden que cuando la evolución de un usuario permite su atención en recursos de dependencia, se deben facilitar estos tránsitos para optimizar las plazas especializadas y favorecer el acceso de otros perfiles.

Denuncia

Esta respuesta llega horas después de que la familia de Marilu denunciara una situación de «inacción y abandono» administrativo. Según el relato familiar, la Diputación ha desoído las advertencias de los profesionales que han tratado a Marilu durante décadas, quienes alertan de un posible «grave deterioro emocional y psicológico» debido a la pérdida de sus figuras de referencia y compañeros habituales.

Con el recurso de reposición aún sin resolver por «carga de trabajo» administrativa y la vía judicial ya activada, el caso de Marilu se ha convertido en un debate sobre si el sistema de dependencia debe priorizar los criterios técnicos de gestión o la estabilidad emocional de los usuarios más vulnerables.