[dotb.eus] Durango recurrirá la sentencia que anula el convenio con ETS para el PERI Ferrocarril

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EH Bildu y Herriaren Eskubidea explican que ya anunciaron la ilegalidad del convenio
El Equipo de Gobierno discrepa de los argumentos esgrimidos en la sentencia “razón por la cual interpondrá este recurso de apelación”
Imagen de Herriaren Eskubidea y EH Bildu en la rueda de prensa de esta tarde

DURANGO.- Un sentencia ha anulado el convenio de ETS con Durango con respecto a la reparcelación del espacio liberado por el tren, denominado PERI Ferrocarril. EH Bildu y Herriaren Eskubidea han hecho pública en rueda de prensa este sentencia del recurso contencioso-administrativo que interpusieron contra el convenio firmado por el Ayuntamiento de Durango y Euskal Trenbide Sarea (ETS). Esta sentencia declara “nulo de pleno derecho” el convenio y anula su aprobación, debido a que fue aprobado por la Presidenta de Urbanismo y no es competente para esta aprobación. Por su parte el PNV ha adelantado que la anulación ha sido por un defecto de forma y que recurrirá. Al parecer esta firmado por la titular de Urbanismo, Mari Jose Balier, cuando debía estar rubricada por la Junta del Gobierno Local., “ya que Balier no tiene competencias para ello?

Este proceso arrancó el pasado 26 de octubre de 2017 el Ayuntamiento de Durango cuando aprobó de forma definitiva el convenio relativo al proyecto de los terrenos liberados por el soterramiento del tren, tras ser rechazadas por el Pleno las alegaciones presentadas por EH Bildu y Herriaren Eskubidea contra el convenio. Ante el rechazo de las alegaciones, el 5 de diciembre de 2017 EH Bildu y Herriaren Eskubidea presentaron un recurso contencioso-administrativo para denunciar la “ilegalidad” del convenio.

Esta sentencia finalmente ha dado la razón a los grupos de la oposición, declarando ilegal el convenio por un defecto de forma. “Ya les advertimos entonces que ese convenio era ilegal. Pese a esto, rechazaron nuestras alegaciones, parece que en este caso no les importaba nada la seguridad jurídica”, apuntaron los portavoces de ambas formaciones en la rueda de prensa.

Esta será la segunda demanda interpuesta por irregularidades en el proyecto de las torres. El pasado 28 de enero, Herriaren Eskubidea también interpuso un recurso contencioso-administrativo por el PAU (Plan de Actuación Urbanística). “También será la segunda sentencia de la legislatura, ya que en febrero de 2016 la alcaldesa de Durango también fue condenada por los Tribunales por negar el acceso a la información a un concejal de EH Bildu. Como hicieron en aquella ocasión, los dos partidos de la oposición solicitarán que PNV y PSE se hagan cargo de pagar las costas del juicio. ¿Quién va a pagar esas costas? No vamos a permitir que sean de nuevo las personas de Durango las que paguen las cabezonerías y las irregularidades de PNV y PSE”, criticaron.

Espacio donde está proyectado construir las cinco torres
Recurso del Equipo de Gobierno

Por su parte, el Ayuntamiento de Durango ha anunciado que interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao en el que se anulan las resoluciones administrativas que aprobaron el convenio de ejecución urbanística para el área de suelo urbano no consolidado PERI-1 “FERROCARRIL” de Durango presentado por Euskal Trenbide Sarea.

El equipo de gobierno considera, en contra de lo establecido en la sentencia, que “el acuerdo ha sido válidamente adoptado y que no concurre el vicio de nulidad admitido”. La sentencia refleja un defecto de forma como único motivo alegado para la anulación, que no ha sido apreciado ni denunciado por las personas que presentaron el recurso en dicho juzgado durante la tramitación del expediente administrativo ni en la posterior demanda contencioso administrativa interpuesta contra dichas resoluciones”.

El juzgado considera que ha habido un único defecto al entender que la concejala delegada de urbanismo no era el órgano competente para tomar la decisión de firmar el convenio, sino que debía haber sido adoptado por la junta de gobierno local, un órgano colegiado de existencia obligatoria en todos los municipios de más de 5.000 habitantes.

El gobierno municipal discrepa de los argumentos esgrimidos en la sentencia razón por la cual interpondrá este recurso de apelación en la creencia que de esta forma se defienden los intereses de la ciudadanía de Durango.

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