[dotb.eus] Condenan a la empresa Foseco de Izurtza por un caso de amianto

La sentencia establece la indemnización de casi 130.000 euros por la enfermedad laboral y fallecimiento de un trabajador

Imagen del centro de Foseco en Izurtza

IZURTZA.- El Juzgado de lo Social Nº 8 de Bilbao ha condenado a la empresa Foseco Española S.A. a indemnizar con 129.645,96 euros a la familia de uno de sus trabajadores, Vicente del Amo Pérez, por la enfermedad laboral y fallecimiento de éste por asbestosis a causa del contacto con el amianto. El proceso, que se inició antes del fallecimiento del trabajador en 2018, de la mano de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi, ASVIAMIE, ha culminado en sentencia de 17 de mayo de 2021, que ha devenido en firme al no ser recurrida por la empresa.

La sentencia establece que Foseco, que tiene una planta en la localidad de Izurtza, utilizó amianto en sus procesos industriales al menos hasta 1981, hecho admitido por la propia empresa. El uso del amianto se prohibió en el Estado español en 2002, tras la Orden ministerial del 7 de diciembre de 2001. La prohibición llegaba poco antes del límite establecido por la Unión Europea para 2005, después de haber desoído peticiones de los médicos de prohibir su utilización industrial, tras detectar los primeros casos en los años 70.

En tal sentido, la sentencia realiza una exposición detallada de la normativa existente en materia de medidas de seguridad relacionadas con el riesgo de exposición al amianto, partiendo de “La Orden 31-enero-1940, que aprobó el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 28- 02-1940 ), en la que se contienen normas sobre el trabajo en ambientes pulvígenos”, o el Decreto de 10-enero-1947 (creador del seguro de enfermedades profesionales -BOE 21-01-1947-) “en cuyo cuadro de enfermedades profesionales se incluye directa y expresamente la asbestosis”. Por su parte, en el “Decreto de 13 de abril de 1961 se contemplaba el amianto como causante de la enfermedad de asbestosis y se regulaban las concentraciones máximas permitidas para determinadas sustancias, entre ellas el amianto”. Más tarde, la Orden de 31-octubre-1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto (BOE 07-11-1984) y se adapta la normativa hasta entonces existente a la Directiva de la Comunidad Económica Europea de 19-septiembre1983, regula distintos aspectos como la concentración promedio permisible, los medios de protección personal, y la obligatoriedad de reconocimientos médicos específicos periódicos, también postocupacionales, una vez abandonada la actividad, “habida cuenta del largo período de latencia de las manifestaciones patológicas por amianto”.

En estos casos, añade la sentencia, no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral, desde el punto y hora en que con su actividad productiva el empresario “crea” el riesgo, mientras que el trabajador -al participar en el proceso productivo- es quien lo “sufre”; aparte de que el empresario organiza y controla ese proceso de producción, es quien ordena al trabajador la actividad a desarrollar (art. 20 ET) y en último término está obligado a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias (art. 15 LPRL ), estableciéndose el deber genérico de “garantizar la seguridad y salud laboral” de los trabajadores (art. 14.1 LPRL) y destacando, como punto esencial, que “La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá -incluso- de las exigencias reglamentarias”.

Así, la sentencia concluye que Foseco no actuó con la diligencia debida, puesto que “la empresa demandada no ha justificado la adopción, antes ni después de 1984, de las medidas de seguridad preceptivas en relación con el amianto, sílice y humos metálicos, tales como evaluación y control del ambiente de trabajo (decreto de 24 de abril de 1961, y Orden de 21 de julio de 1982), reconocimientos médicos (orden de 31 de octubre de 1984), utilización de ropa de trabajo adecuada y mascarillas con filtros metálicos, limpieza y eliminación de residuos etc. Queda, por tanto, acreditada, la concurrencia del incumplimiento de medidas de salud y prevención de riesgos laborales. La conclusión a la que nos conduce todo lo hasta aquí expuesto, no es otra que la de entender que las empresas demandadas sí que deben ser considerada responsable civil por los daños derivados de la enfermedad profesional que aquejaba al trabajador”.

“Se trata, así, de una pionera sentencia condenatoria a Foseco Española S.A. por los daños derivados del uso del amianto hacia sus trabajadores, que en Durangaldea han sido un buen número, y abre una vía de reclamación para otros posibles afectados. El dinero, sin duda, no lo arregla todo, y menos una vida humana, pero se trata de que quienes se enriquecieron a costa de la salud de los trabajadores asuman sus responsabilidades, y de que lo sucedido con el amianto no se vuelva a repetir con otros contaminantes”, señalan los denunciantes.

Por su parte la empresa Foseco ha evitado pronunciarse ante esta sentencia.

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