Artículo de opinión de Juan Carlos Poderoso, Peajerik EZ

IRITZIA.- Con el ocaso del año, tan pronto vizcainos y vizcainas engullan la última uva del 2021, nuestra diputación ya estará presta para aplicar una nueva subida a las tarifas de la autopista AP-8, que cuanto menos, no será inferior al IPC del año defenestrado. Ello sin ningún consenso, ni con la oposición en Juntas Generales, ni mucho menos con los agentes mayormente afectados como transportistas y ciudadanía.

Este nuevo apuntalamiento en el injusto sobreimpuesto que sufrimos desde hace ya 50 años (medio siglo), quienes vivimos en Durangaldea, Lea-Artibai y Ermua, además de las personas que se desplacen a Gipuzkoa, nos invita a cuestionar la política de precios en las tres autopistas en las que la Diputación Foral de Bizkaia aplica peaje. La autopista AP-8, entregada a coste cero a la Diputación por la empresa privada que la explotaba hace ya 19 años, los túneles de Artxanda, rescatados tras el fiasco de la concesionaria, previo pago a la misma de 70 millones de euros de dinero público por parte de la Diputación en el año 2004, y la Súper Sur, construida 11 años atrás y que discurre paralela a la A-8, una bilbainada que nos costó al conjunto de los bizkainos y bizkainas la friolera de 821 millones
de euros, sin olvidar el importante impacto ecológico que provocó.

La disparidad de precios por kilómetro en ellas, nos chirría. En la veterana autopista AP-8 el precio por kilómetro es de 0,15 céntimos, con lo que casi dobla el peaje de la Súper Sur (0,09 céntimos por kilómetro), con el agravante de que a las noches esta carece de peaje y, hasta hace muy poco, los domingos y festivos su precio se desplomaba a la mitad. Mientras en la autopista AP-8, su tarifa se mantiene históricamente inamovible las 24 horas, los 365 días del año.

Con esta vergonzosa comparativa, que una vez más discrimina a quienes vivimos al este del herrialde, cabe reseñar el hecho, de todos ya conocido, en cuanto a la intención del Gobierno Central de instaurar peajes en toda la red de alta capacidad del estado.

Intención auspiciada y promovida por SEOPAN, el lobby de la patronal de concesionarias y constructoras de autopistas, que con esta operación pretende recuperar este suculento negocio, después de perder las concesiones agotadas tras la acertada política del Gobierno Central al no renovarles las licencias terminadas (algo que en la autopista AP-8 aconteció en 2003). Ingentes beneficios perdidos, que engordaban sus cuentas de resultados a costa de sangrar los bolsillos de los y las contribuyentes.

Para ello ambas partes, Gobierno Central y Patronal SEOPAN, estiman un precio que fluctúa entre un céntimo por kilómetro del Gobierno y los 8 céntimos por kilómetro pregonado por SEOPAN. Sí cogemos como comparativa tarifaria, no ya el céntimo por kilómetro que insinúa el Gobierno Central, sino los 8 céntimos que propugna la codiciosa SEOPAN, observamos que la avaricia de nuestra Diputación Foral, no tiene mesura, ni mucho menos vergüenza, ya que la amortizada autopista AP-8, con 15 céntimos por kilómetro, antes de la inminente subida en enero, escapa a toda lógica tarifaria.
Se entiende así, cómo tras la supresión del peaje en la autopista AP-1 en la que se incluía el tramo alavés de Armiñón, al preguntar un periodista al Sr. Urkullu si ello iba a repercutir por estos lares, el Lehendakari, con su habitual seudo flema británica respondió lacónico: «Aquí tenemos un tratamiento diferencial en el tema de las autopistas», que traducido quiso decirnos: «Pagad, malditos, pagad».